UNIVERSIDAD
NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Universidad del
Perú, DECANA DE AMÉRICA
Pronunciamiento Público
Al Seños Presidente de la República
A los Señores Congresistas de la República
A la Comunidad Universitaria
Al Público en General
El Consejo Universitario de nuestra
Universidad, expresa a través del presente pronunciamiento lo siguiente:
Se ha promulgado la Ley N.° 29914,
que establece medidas en materias del gasto público, en la que su artículo 7.°
dispone que los recursos directamente recaudados y a su vez generados por las
universidades públicas financiaran las remuneraciones por los ascensos del personal
docente, lo cual es inconstitucional; en razón, que éstas deben ser financiadas
por el Estado con recursos ordinarios, a través de los fondos del tesoro
público de conformidad a la Constitución Política del Estado y la Ley
Universitaria.
Al respecto, es preciso indicar la
reiterada desatención del Estado a los requerimientos de recursos ordinarios
por las universidades públicas; sin embargo, con los escasos recursos
ordinarios que son asignados para la educación e investigación universitaria,
dentro del marco de la Ley: se logra cumplir con nuestros fines constitucionales,
por lo que, al pretender administrar los recursos directamente recaudados que obtienen
nuestra Universidad, se violenta la autonomía universitaria, al colisionar con el
artículo 18.° de la Constitución donde esta reconoce su autonomía normativa de
gobierno, académica, administrativa y económica; por lo que, requiere de
márgenes de libertad para la realización de una adecuada y óptima prestación
del servicio educativo, consecuentemente la citada Ley deviene en
inconstitucional.
La universidad pública y la garantía
institucional de su autonomía universitaria supone entre otras obligaciones del
Estado, el de dotar a la Universidad del presupuesto adecuado para el
cumplimiento de sus fines institucionales, tal como lo prescribe el artículo
16.° de la Constitución Política del Perú, al precisar “se da prioridad a la
educación en la asignación de recursos ordinarios del presupuesto de la
República.”
Dichas libertades, sin
embargo, solo son posibles de realizar a plenitud en el marco de las
obligaciones del Estado; que se desprenden, tanto del derecho a la educación como
del propio respeto a la autonomía, lo cual no se logrará con la dación del
articulo 7.° de la Ley N.° 29914, desamparando nuevamente e inconstitucionalmente a la educación superior
universitaria; lo cual se agrava, cuando se precisó en la exposición de motivos
de proyecto de Ley que fundamentó al artículo 7.° de la Ley N.° 29914, que su
finalidad es restringir las acciones para los ascensos de los docentes
universitarios, soslayando derechos laborales que nos garantiza la Constitución
Política del Estado.
Por lo tanto, obligarnos a
generar recursos propios para financiar lo prescrito en la citada Ley, no
obstante, que el Estado en forma paulatina ha desatendido las necesidades
presupuestales de nuestra Universidad, por lo cual en la actualidad la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos tiene que financiar su presupuesto de
cada año fiscal, aproximadamente con el 45% del mismo, mediante recursos
directamente recaudados que obtiene en sus centros de producción, desdice la política
de inclusión social que el actual gobierno ha previsto atender, en beneficio de
a juventud con escasos recursos económicos.
En este contexto y en
defensa de la autonomía universitaria consagra en el articulo 18.° de la
Constitución Política del Perú, expresamos nuestra protesta publica y
disconformidad con lo invocado en el Artículo 7.° de la aludida Ley, por lo que
exhortamos e invocamos al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo el respeto a
la autonomía universitaria así como coadyuven con proveer a la universidad pública
de los recursos ordinarios que por la Ley nos corresponden, con lo cual se
permita la búsqueda del desarrollo de la Nación en democracia y evitar
conflictos sociales; máxime, si todo crecimiento económico para que sea sostenible
debe basarse también en el desarrollo sostenido de la educación, por ello
exigimos ante este nuevo maltrato contra la universidad pública, la inmediata
derogatoria de la aludida normativa legal.
Consejo
Universitario

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