martes, 27 de noviembre de 2012

Burradas



UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA

Pronunciamiento Público

Al Seños Presidente de la República
A los Señores Congresistas de la República
A la Comunidad Universitaria
Al Público en General

El Consejo Universitario de nuestra Universidad, expresa a través del presente pronunciamiento lo siguiente:

Se ha promulgado la Ley N.° 29914, que establece medidas en materias del gasto público, en la que su artículo 7.° dispone que los recursos directamente recaudados y a su vez generados por las universidades públicas financiaran las remuneraciones por los ascensos del personal docente, lo cual es inconstitucional; en razón, que éstas deben ser financiadas por el Estado con recursos ordinarios, a través de los fondos del tesoro público de conformidad a la Constitución Política del Estado y la Ley Universitaria.

Al respecto, es preciso indicar la reiterada desatención del Estado a los requerimientos de recursos ordinarios por las universidades públicas; sin embargo, con los escasos recursos ordinarios que son asignados para la educación e investigación universitaria, dentro del marco de la Ley: se logra cumplir con nuestros fines constitucionales, por lo que, al pretender administrar los recursos directamente recaudados que obtienen nuestra Universidad, se violenta la autonomía universitaria, al colisionar con el artículo 18.° de la Constitución donde esta reconoce su autonomía normativa de gobierno, académica, administrativa y económica; por lo que, requiere de márgenes de libertad para la realización de una adecuada y óptima prestación del servicio educativo, consecuentemente la citada Ley deviene en inconstitucional.

La universidad pública y la garantía institucional de su autonomía universitaria supone entre otras obligaciones del Estado, el de dotar a la Universidad del presupuesto adecuado para el cumplimiento de sus fines institucionales, tal como lo prescribe el artículo 16.° de la Constitución Política del Perú, al precisar “se da prioridad a la educación en la asignación de recursos ordinarios del presupuesto de la República.”

Dichas libertades, sin embargo, solo son posibles de realizar a plenitud en el marco de las obligaciones del Estado; que se desprenden, tanto del derecho a la educación como del propio respeto a la autonomía, lo cual no se logrará con la dación del articulo 7.° de la Ley N.° 29914, desamparando nuevamente e inconstitucionalmente a la educación superior universitaria; lo cual se agrava, cuando se precisó en la exposición de motivos de proyecto de Ley que fundamentó al artículo 7.° de la Ley N.° 29914, que su finalidad es restringir las acciones para los ascensos de los docentes universitarios, soslayando derechos laborales que nos garantiza la Constitución Política del Estado.

Por lo tanto, obligarnos a generar recursos propios para financiar lo prescrito en la citada Ley, no obstante, que el Estado en forma paulatina ha desatendido las necesidades presupuestales de nuestra Universidad, por lo cual en la actualidad la Universidad Nacional Mayor de San Marcos tiene que financiar su presupuesto de cada año fiscal, aproximadamente con el 45% del mismo, mediante recursos directamente recaudados que obtiene en sus centros de producción, desdice la política de inclusión social que el actual gobierno ha previsto atender, en beneficio de a juventud con escasos recursos económicos.

En este contexto y en defensa de la autonomía universitaria consagra en el articulo 18.° de la Constitución Política del Perú, expresamos nuestra protesta publica y disconformidad con lo invocado en el Artículo 7.° de la aludida Ley, por lo que exhortamos e invocamos al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo el respeto a la autonomía universitaria así como coadyuven con proveer a la universidad pública de los recursos ordinarios que por la Ley nos corresponden, con lo cual se permita la búsqueda del desarrollo de la Nación en democracia y evitar conflictos sociales; máxime, si todo crecimiento económico para que sea sostenible debe basarse también en el desarrollo sostenido de la educación, por ello exigimos ante este nuevo maltrato contra la universidad pública, la inmediata derogatoria de la aludida normativa legal.

Consejo Universitario

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